6.  Cuando detectan un fallo en la seguridad, los productores deben adoptar las medidas necesarias para, si fuera necesario, retirar los productos del mercado con el fin de evitar posibles riesgos y colaborar con la Administración advirtiendo del riesgo y de las medidas adoptadas

7.  Los Estados son responsables de velar para que se establezcan procedimientos para llevar a cabo una vigilancia eficaz del mercado. Las Comunidades Autónomas tienen competencias para llevar a la práctica ese control en su ámbito territorial.

8.  Los Estados y las Comunidades Autónomas deben velar para que los consumidores puedan presentar reclamaciones sobre la seguridad de los productos y garantizar su resolución.

9.  Existe una red europea en materia de seguridad de los productos para el intercambio rápido de información sobre determinados riesgos, realización de proyectos conjuntos, intercambio de conocimientos y colaboración en materia de localización, retirada y recuperación de productos peligrosos.

10.  En resumen: El consumidor tiene derecho a recibir información clara sobre la identificación del producto, las instrucciones, consejos y advertencias, en su caso, sobre su uso, la naturaleza del riesgo que pueda comportar y las medidas que se adopten ante la detección en el mercado de un producto que entraña riesgos.