El día 11 de mayo de 1931, el Círculo Monárquico Independiente inauguraba su actividad política en Madrid con la elección de su comité ejecutivo. Sus integrantes acordaron trabajar para la restauración de la monarquía en España. Un par de individuos llegaron en taxi a la sede del Círculo en la calle Alcalá de la capital y se despidieron del conductor con vivas al Rey. El chófer contestó con un viva la República y los dos monárquicos le agredieron. Un grupo de obreros se encaró con los dos agresores. La calle Alcalá se llenó de gente gritando vivas a la República, contestados con los vivas al Rey desde el balcón del Círculo Monárquico. Los manifestantes republicanos apedrearon el edificio del Círculo y, además, quemaron tres automóviles de los líderes monárquicos. Las fuerzas de seguridad acordonaron la entrada del inmueble para evitar mayores incidentes. Sin embargo, las turbas agredieron a algunos elementos monárquicos, mientras salían a la calle. La Policía condujo detenidos a los componentes del Círculo a la comisaría, destaca el diario 'El Liberal'.
A continuación, la ira popular recayó sobre la sede del diario monárquico 'ABC', en la calle de Francisco Serrano de Madrid. Los exaltados incendieron la entrada del periódico y apedrearon el edificio. Los periodistas recurrieron a las armas de fuego para defenderse. Manifestantes y asaltados protagonizaron un intenso tiroteo, con un saldo de dos heridos graves y seis leves, a pesar de la presencia de la Guardia Civil. Una vez restablecido el orden, el ministro de la Gobernación, Miguel Maura, ordenó el registro del diario 'ABC', tras la concesión de una orden judicial previa. Las fuerzas de seguridad encontraron una carabina y seis pistolas automáticas en su interior. Tras el hallazgo, el Gobierno republicano decretó el cierre del periódico y el ingreso en prisión de su director, Torcuato Luca de Tena. Además, las turbas quemaron un quiosco del diario conservador 'El Debate' (órgano de expresión del partido de la CEDA) en la calle de Alcalá y el Ejecutivo también aprobó el cierre del rotativo, recoge el periódico 'El Tiempo'.
La violencia de las masas alcanzó también al clero. Los radicales incendiaron una decena de conventos en Madrid: 1-Los Jesuitas en la calle de La Flor; 2-Los Carmelitas en la calle Ferraz; 3-Los Jesuitas en la calle de Isabel 'La Católica'; 4-Los Carmelitas en la plaza de España; 5-Maravillas en Cuatro Caminos; 6-Los Dolores en la calle de Bravo Murillo; 7-Las Salesianas de la calle Villaamil; 8-El colegio-convento de Los Sagrados Corazones en Chamartín; 9-El colegio de Los Maristas, en la calle Cuatro Caminos, y 10-Las Mercerdarias, en la calle Bravo Murillo. Los asaltantes también prendieron fuego a la residencia de los Jesuitas en el bulevar de Alberto Aguilera, la iglesia de Bellas Vistas y el Instituto Católico de Artes e Industrias. La intervención de las fuerzas del orden impidieron la quema de otros inmuebles del clero. El ministro de Gobernación, Miguel Maura, condenó la destrucción del patrimonio religioso. "La quema de conventos es una salvajada". El anticlericalismo también alcanzó la provincia de Murcia. El Ayuntamiento de Molina de Segura requisó el 9 de diciembre de 1931 los fondos de la Hermandad de la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, para financiar festejos cívicos, y ordenó la retirada de las cruces de mayo del interior de las viviendas.
El gabinete de Niceto Alcalá-Zamora reaccionó ante la violencia descontrolada con la detención de los ex-ministros de la dictadura de Primo de Rivera, de los miembros de la Junta Monárquica y la aprobación de la ley marcial. El general Queipo de Llano, capitán general de Madrid, proclamó el estado de guerra en la plaza Mayor, y aseguró la defensa de los conventos con las fuerzas del orden. El presidente del Gobierno atribuyó los desmanes a los monárquicos y a los extremistas de izquierdas. "Por informes confidenciales se sabe que late una ofensiva contra el régimen republicano, en la que aparecen entremezclados los elementos reaccionarios y los extremistas opuestos al régimen, que tratan de producir desórdenes con el fin de quebrantarlo. A los monárquicos les correspondió el inicio de los disturbios, produciendo su comportamiento una reacción en el pueblo. La actitud popular habrá demostrado a los monárquicos que serán vanos sus intentos de restablecer el trono. El Gobierno considerará enemigos del régimen a los elementos de uno y otro bando que provoquen desmanes".
Las desigualdades sociales en el campo, la lentitud en la aplicación de la reforma agraria, el paro y la situación desesperada de numerosas familias hambrientas incrementaron la conflictividad social durante el bienio de izquierdas. En Mula, el levantamiento obrero del 12 de octubre de 1932 acabó con un muerto y ocho heridos. En Castilblanco (Badajoz), los campesinos mataron el 31 de diciembre de 1931 a cuatro guardias civiles, por intentar disolver una manifestación en un día de huelga general revolucionaria. En Arnedo (La Rioja), los obreros de una fábrica de calzado se enfrentaron con la Guardia Civil en una huelga revolucionaria el 5 de enero de 1932. Algunos manifestantes abrieron fuego contra la Benemérita y los agentes respondieron con disparos. El enfrentamiento acabó con once muertos y una treintena de heridos.
En Casas Viejas (Cádiz), un grupo de anarquistas decretó el nacimiento del comunismo libertario en la huelga revolucionaria del 11 de enero de 1933. Los rebeldes tomaron el Ayuntamiento por la fuerza y destituyeron al alcalde pedáneo, Juan Bascuñana (Casas Viejas era pedanía de Medina-Sidonia). A continuación, los ácratas mataron a dos agentes durante el asalto al cuartel de la Guardia Civil. El Ejecutivo envió a las fuerzas de seguridad para represaliar a los insurgentes. Los guardias civiles y de asalto fusilaron a los anarquistas y calcinaron la vivienda del líder revolucionario 'Seisdedos', con su familia dentro. El Parlamento abrió una comisión de investigación para el esclarecimiento del incidente. El capitán de la Guardia Civil Manuel Rojas defendió su inocencia en cumplimiento de estas supuestas órdenes del jefe del Gobierno, Manuel Azaña. "No quiero heridos, los tiros a la barriga". La Justicia condenó a tres revolucionarios a penas de prisión y absolvió a otros diez. Estos acontecimientos desacreditaron al Gobierno 'burgués' ante las clases humildes por la represión del movimiento obrero revolucionario y del campesinado. Durante el bienio 1931-33, más de doscientas personas murieron en España en enfrentamientos entre las fuerzas revolucionarias y las de seguridad del Estado, y entre los miembros de los partidos de izquierdas, conservadores y nacionalistas.
Antonio Gómez-Guillamón Buendía